PGJEBCS INTERPONDRÁ EL RECURSO CORRESPONDIENTE CONTRA EL MONTO DE LA CAUCION FIJADO POR EL JUEZ SEGUNDO PENAL QUE OTORGO LA LIBERTAD A NARCISIO AGUNDEZ MONTAÑO Y ALFREDO PORRAS DOMINGUEZ E INICIARA AVERIGUACIÓN PREVIA.

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

BOLETÍN DE PRENSA

La Paz B. C. S. Diciembre 15  2012

Es por demás irrisoria, ridículo y sin fundamento jurídico, la caución fijada por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal a favor de Narciso Agúndez Montaño y Alfredo Porras Domínguez, aseveró el licenciado  Gamill Arreola Leal Procurador General de Justicia del Estado.

Es necesario recordar que estos hechos derivan de la venta de siete inmuebles ubicados en el fraccionamiento el Pedregal de Cabo San Lucas, B.C.S., para lo que se convocaron postores el 16 de mayo del 2008, estableciéndose el precio base de la venta por el total de dichos inmuebles de 76 millones, 150 mil pesos.

Así mismo,  al celebrar la compraventa privada con la empresa Las Veredas de San José del Cabo, se fijó un precio de operación de compraventa de 76 millones, 200 mil pesos. Sin embargo, después de dejar sin efecto dicha compraventa, indebidamente y sin facultad alguna, ni autorización del Congreso del Estado, se realizaron nuevos avalúos para venderlos, dolosamente, a un precio muy inferior al valor real, que fue por la cantidad de 23 millones, 980 mil pesos, existiendo una notoria diferencia de las dos compraventas de 52 millones, 220 mil pesos, cantidad que dejó de recibir el Estado y,  por lo tanto,  constituye un quebranto patrimonial.

Por esta razón el Abogado del Estado advirtió que la Procuraduría General de Justicia del Estado combatirá de inmediato dicha resolución y procederá a la apertura de una Averiguación Previa en contra de quien resulte responsable por violaciones en el proceso de otorgamiento de la caución brindada a Narciso Agúndez Montaño y Alfredo Porras Domínguez, toda vez que se violaron los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que debe respetar y cumplir todos los funcionarios públicos al administrar justicia y en su caso,  se ejercite la acción penal.

Indicó que resulta por más insultante para la sociedad de Baja California Sur, que el titular  del Juzgado  Segundo de Primera Instancia del ramo Penal no esté conciente del reclamo social y la necesidad de entender que los órganos de Procuración y Administración de Justicia deben de trabajar apegados a la ley.

La reclasificación realizada por el Juez Segundo Penal que fijo el monto de la caución por el delito Incumplimiento de un deber legal, no se encuentra fundada ni motivada, toda vez que se cometió con dolo el delito pues la omisión radica en el hecho de abstenerse de llevar a cabo la venta en el precio por el cual se basó el congreso del Estado para dar su autorización de venta, y en su lugar,  la venta se realizó por un precio notoriamente muy inferior.

Las actuaciones que realizó la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador, Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, para acreditar la probable responsabilidad de Narciso Agúndez Montaño y Alfredo Porras Domínguez, aportaron las constancias de avalúo catastrales en averiguación previa y ante el Juez Penal, que  el Juez Segundo Penal fue omiso en darle valor probatorio y no considerarlos al momento de fijar el monto de la caución,  por demás ridículo, de alrededor de los $31 mil pesos, cuando por ley debió de fijar el monto de la caución que garantice por lo menos la reparación del daño al ofendido, en este caso al patrimonio del Gobierno del Estado.

El criterio para fijar el monto de la caución,  que no tomó en cuenta el juez Segundo Penal de esta ciudad de La Paz,  se encuentran contemplando en el artículo 149 del Código de Procedimientos Penales que a la letra dice:

ARTÍCULO 149.- Cuando se solicite la libertad provisional bajo caución, el juzgador deberá resolver de plano lo conducente. Si se niega, podrá solicitarse de nuevo y concederse por causas supervenientes.

Para gozar del beneficio el inculpado debe garantizar ante el juez:

I.- El monto de los daños y perjuicios causados al ofendido, probados hasta ese momento procesal;

II.- El cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo, mientras dure la libertad provisional; y

III.- El monto estimado de las posibles multas y sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele.

ARTÍCULO 153.- El monto de la reparación de daños y perjuicios no está sometido al principio de asequibilidad, por tratarse de una garantía constitucional del ofendido, y deberá garantizarse íntegramente para gozar del beneficio.

 Por lo anterior al fijar una cantidad irrisoria el Juez Segundo Penal de esta ciudad violentó el principio de legalidad,  así como,  la fracción I del artículo 149 del Código de Procedimientos Penales, pues con dicho monto no cubre la reparación del daño causado al patrimonio del Gobierno del Estado.

 Recalcó que  desde el inicio de la nueva administración, la dependencia a su cargo  ha implementado una serie de medidas para sanear y depurar la institución del personal que se alejó de la honestidad y legalidad, por lo que de la misma manera,  queda tarea pendiente al interior del Poder Judicial del Estado, para que implemente medidas para transparentar y sanear su institución.