UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
BOLETÍN DE PRENSA
La Paz, B.C.S. a 16 de Mayo del 2012.
Un total de 16
Averiguaciones Previas por Homicidios Dolosos se han registrado en la entidad durante
los primeros cinco meses del 2012, de los
cuales han sido resueltos 11 afirmó el licenciado Gamill Arreola Leal, Procurador General de Justicia en la
entidad.
El Abogado del Estado aseveró que lamentablemente para los medios de
comunicación y posiblemente también para la ciudadanía, el tiempos para la integración de una
Averiguación Previa no es tan ràpido como quisieran, lo que no significa que no
se trabaje con toda responsabilidad en diversas líneas de investigación.
Aseguró que se debe informar con toda responsabilidad, pues la divulgación de las investigaciones puede
alterar sensiblemente el resultado de las pesquisas, teniendo como consecuencia la impunidad del
delito perseguido y la sustracción de la
justicia, de él o los
probables responsables.
Agregó que la confidencialidad de las investigaciones que realiza
la Procuraduría General de Justicia del Estado para el esclarecimiento de
delitos del Fuero Común, está estipulada en el artículo 295
del Código de Procedimientos Penales de Baja California Sur.
Subrayó que de acuerdo a esta disposición, las actuaciones que se realizan en averiguación previa, sólo pueden tener acceso
el inculpado y su defensor.
Apuntó que el hecho
de que un servidor público indebidamente quebrante la reserva de las
actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la
averiguación, incurre en responsabilidad
penal y administrativa.
El
Procurador General de Justicia en el Estado refirió que desde que aceptó la
titularidad de la dependencia, supo que al mayor reto al que enfrentaría sería el recuperar la
credibilidad y la confianza ciudadana en la institución, así como mejorar la
calidad y calidez del trabajo sustantivo de la Procuraduría.
No
obstante, solicitó el voto de confianza de la ciudadana; aseguró que se trabaja
con apego a derecho y reiteró que continúan en la tarea de privilegiar la investigación
científica del delito a través de la capacitación especializada y el
equipamiento tecnológico en las áreas policial y pericial, para que las resoluciones
ministeriales se sustentan en evidencias
y dictámenes científicos, no sólo en confesiones o declaraciones testimoniales.
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