UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
BOLETÍN DE PRENSA
La Paz, B.C.S. a 23 de Febrero
del 2012.
El hotel
Buena Aventura en le Municipio de Mulegé, Baja California Sur, no está asegurado por la Procuraduría General de
Justicia del Estado aseveró el
subprocurador de la zona norte, licenciado Hugo Paúl Galindo, quien reitera que
la institución actúa en estricto apego a derecho en la integración de las
Averiguaciones Previas que en torno al caso están asentadas en la Agencia del
Ministerio Público, desde pasadas administraciones e interpuestas por las partes
involucradas en el conflicto de posesión de tierras en donde se acusan
mutuamente de despojo, entre otros delitos.
El representante social amplía la información
sobre la investigación de los delitos
del Fuero Común derivados de los hechos ocurridos el domingo 05 de
Febrero del 2012 en la playa Buena Aventura y rechaza que la investigación se
realice de manera parcial para favorecer o dañar intereses de particulares.
Explicó
que la intervención del Agente del Ministerio Público se dio a raíz de la
denuncia interpuesta por la C. María Olivia Higuera Aguilar mediante la
cual señala la comisión de los delitos de Despojo Agravado, Robo Agravado y
Amenazas cometidos en su contra por parte de
MARIO ALAN PEREZ
RIVERA Y MARÍA ELIZABETH ESPINOZA MONTAÑO.
La denunciante María
Olivia Higuera Aguilar presentó ante el
Agente del Ministerio Público copia certificada de la restitución de tres
inmuebles que se encuentran en la playa denominada Buena Ventura en el
municipio de Mulegé realizada por el Tribunal Agrario en noviembre del año
próximo pasado y de la cual gozaba de posesión al momento de la comisión del
delito.
Como se comprometió
la actual administración, desde el mes
de Abril del 2011 la impartición de Justicia se
brinda para proteger las garantías consagradas en la Carta Magna y el Código Penal y
Procedimientos Penales en el Estado sin distinción alguna, dando certeza
jurídica a las propiedades e inversiones en el Estado.
La Procuraduría
General de Justicia del Estado asevera que las posibles reacciones de quienes
se sientan afectados porque en pasadas administraciones pudieron haber sido
favorecidos con un trato deferente y que ahora pretenden litigar en los medios de comunicación a manera de ejercer
presión, no influirán en la invariable decisión de aplicar la Ley sin distingos
de ninguna índole.
Se reitera el alienable compromiso de garantizar la tranquilidad que ha distinguido
a Baja California Sur, en coordinación con las corporaciones de seguridad de
los tres niveles de gobierno.
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