El Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública para la Procuraduría General de Justicia del Estado a ejercer este año se duplicó en relación al del ejercicio anterior y asciende a 34 millones de pesos.
Así lo dio a conocer la mañana de este martes en reunión con representantes de algunos medios de comunicación el licenciado Gamill Arreola, quien destacó de los rubros a los que dirigirán dichos recursos, los destinados a capacitación de personal, armamento, equipo antimotín y antisecuestro, laboratorio de criminalística, informática y uniformes, entre otros.
Así mismo, destacó el programa interinstitucional que coadyuvará a mejorar la vigilancia de las personas que llegan a la entidad, para lo que se coordina con autoridades de los tres niveles de gobierno a efectos de adquirir moderna tecnología de control y vigilancia que será colocada en puertos aéreos y marítimos, así como en carreteras.
Cuestionado sobre los delitos de alto impacto ocurridos recientemente en el sur de la entidad, afirmó que se trabaja en el esclarecimiento de los mismos y aceptó que los métodos utilizados por quienes los cometen han cambiado, por lo que las autoridades responsables de la Seguridad, deben estar atentos en todo lo que sucede para dar un servicio eficaz a la sociedad.
Informó de los cambios efectuados al interior de la institución a efectos de mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía, como el realizado en algunas áreas con la permuta o contratación de nuevos elementos tanto en la Policía Ministerial como en Ministerios Públicos, acción que, reconoció, incomoda a algunas personas que preferirían el ¨status quo¨ en la dependencia estatal.
Destacó la vocación de servicio en gran parte del personal que desde hace años labora en la institución a quienes ha solicitado actuar de acuerdo al marco legal que rige la Procuración de Justicia.
El Abogado del Estado aceptó que uno de los mayores retos a los que se enfrenta es el cambio del Sistema de Justicia exigido por la federación y para lo que se coordina con diversas instancias del gobierno estatal y el Poder Judicial del Estado.
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