UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
BOLETÍN DE PRENSA
La Paz B. C. S. 01 de Noviembre 2012
Durante
la presentación del proyecto de protocolo para la búsqueda de personas
desaparecidas o no localizadas efectuado esta semana por la Maestra Patricia
Bugarín Gutiérrez, Subprocuradora de Personas Desaparecidas o No localizadas de
la Procuraduría Social y de Atención a Víctimas de Delitos PROVÍCTIMA, en la
Procuraduría General de Justicia del Estado, el titular de la dependencia, licenciado
Gamill Arreola Leal, destacó la
importancia de que las instancias de seguridad homologuen mecanismos para hacer
frente a delitos como la trata de personas,
El Abogado del estado expresó su disposición para analizar el
documento, en cumplimiento del acuerdo
de la Segunda Reunión Regional de las Zonas Noreste y Noroeste del Consejo
Nacional de Procuradores de Justicia, celebrado en Hermosillo, Sonora, el 12 de Octubre de este año.
Aseveró que en el marco de la transición al nuevo Sistema de
Justicia Penal, resulta importante contar con Agentes del Ministerio Público, Agentes
de Investigación de la Policía Ministerial
y Peritos, cada vez más
capacitados para lograr una mejora en la capacidad de respuesta institucional.
Por
su parte, la Maestra Patricia Bugarín, presentó a los titulares de las áreas
operativas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como de los
titulares de la PGR, en el estado, José Bernal Romero y el Secretario de Seguridad Pública Estatal,
Álvaro de la Peña, el proyecto de protocolo a efecto de que el personal
sustantivo involucrado en las investigaciones de Personas Desaparecidos o no
localizadas, conozca el instrumento y se
encuentre en condiciones de formular observaciones o aportaciones.
Afirmó que ha
presentado este Protocolo en 17 estados de la República y agradeció la
disposición de los titulares de las Procuradurías Generales de Justicia del
país para avalar el
proyecto de protocolo para la búsqueda
de personas desaparecidas o no localizadas.
Señaló
que existen desapariciones voluntarias y forzadas, ambas se investigan
cumpliendo con los protocolos establecidos por la Conferencia Nacional de
Procuradores, emanados de los Convenios Internacionales, firmados por el Estado Mexicano.
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